ATEUS DE CATALUNYA

En un Estado laico

 

Antonio Gómez Movellán

Licenciado en Historia y diplomado en Derecho Constitucional y Político. Es autor de “La Iglesia Católica y otras religiones en la España de hoy”.

Aznar ganó el poder con una brillante idea —y mucho de juego sucio—: iba a realizar la segunda transición. Todavía la estamos esperando; por lo menos en lo que respecta a algo básico en cualquier Estado moderno: la laicidad. En este terreno aun no se ha realizado siquiera la primera transición.

Un Estado laico es algo más que garantizar la libertad religiosa en un ámbito estrictamente privado —cosa que no se cumple en España. La laicidad significa la creación de un único espacio público, un terreno no de neutralidad, como algunas veces se dice, si no de combate contra toda organización o sistema que se escude en su autonomía para incumplir las leyes comunes. Esto y no otra cosa es un Estado laico. El Estado laico garantiza la libertad plena manteniendo los corporativismos a raya, sean estos religiosos o de cualquier otra especie. Un Estado que no realice una verdadera modernización de su Administración Pública, con un aparato de administrativo eficaz y con autoridad indiscutida no es un Estado laico sino que estará sometido a todo tipo de presiones corporativas, propenso a enormes dosis de corrupción, incumplidor de las leyes y finalmente, ineficaz en sus obligaciones reguladoras, por no decir en las interventoras.

En el terreno religioso, un Estado laico es aquel que combate cualquier preferencia de cualquier creencia y que como tales las sitúa en un ámbito estrictamente privado; las organizaciones eclesiásticas, por lo demás, están o deberán estar sometidas a las leyes comunes, sin más. El Estado laico no reconoce a la religión, son los creyentes, en todo caso, quienes deben realizar ese reconocimiento. El Estado laico no es neutral ante el hecho religioso, no es indiferente, considera que la religión es algo del ámbito privado —aunque pueda tener manifestaciones públicas— totalmente alejada de la esfera pública. Las iglesias reclaman, desde hace poco, libertad religiosa, autonomía plena, etc.: todo este tipo de expresiones deben ser radicalmente rechazadas por un Estado Laico. Las libertades reconocidas son las públicas: las de expresión, la libertad de conciencia y ninguna otra especial que intente ser un escudo para seguir manteniendo privilegios.

En España, ni la Constitución ni las leyes orgánicas ulteriores crearon, en verdad, un Estado laico. Además en el caso católico los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 no es que sean contrarios a la Constitución, sino simplemente al sentido común. Cómo sino considerar, por ejemplo, lo establecido en el artículo I del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos culturales: “la educación que se imparta en los Centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”.

Pero aunque sea contra el sentido común, la Iglesia Católica sigue manteniendo unas relaciones privilegiadas con el Estado, el cual le sigue ofreciendo grandes concesiones: la financiación del clero y de la Conferencia Episcopal, la enseñanza de religión en la escuela, un régimen de conciertos educativos con los colegios católicos abusivos, una financiación de la asistencia social católica desproporcionada, un régimen fiscal más que favorable, y en definitiva el mantenimiento de la Iglesia Católica como si fuera la religión oficial. Es una contradicción que el Ministro de Exteriores diga que el Estado es laico y después declare, sin embargo, que los Acuerdos con la Santa Sede están bien como están; o que la Ministra de Educación diga que no se puede llevar el velo islámico a la escuela porque estamos en un Estado Laico y desconozca el hecho de que un 30% de los escolares están encuadrados en colegios católicos.

Es intolerable, desde la perspectiva del laicismo, establecer un sistema educativo segregado entre los que van a colegios católicos y el resto. Esta situación va a desencadenar un futuro complicado en el terreno de las mentalidades sociales y de la cohesión social. Apoyar a los colegios católicos es la mejor vía que se conoce para deteriorar la educación pública y para negar la educación laica —ahora nos enteramos que la Comunidad Autónoma de Madrid está apoyando no ya sólo la escuela católica sino la guardería católica ¡y dicen que Gallardón es la izquierda del PP!

En España no ha existido todavía un gobierno que impulse el laicismo del Estado. Cuando emergen problemas que deberían conducir a tomar medidas laicistas inmediatamente aparece la vena nacional católica disfrazada de modernidad. Tomemos algunos ejemplos: para proteger a los profesores de religión de las prácticas despóticas de los obispos, la solución que parece que se apunta es la de su integración plena en el cuerpo de profesores públicos. La única alternativa realista, desde una perspectiva laica, sería sacar la catequesis de la escuela y entablar algún tipo de negociación laboral con esta legión de catequistas católicos —más de 17.000—, como muy bien ha apuntado D. Pedro Tarquis, el portavoz de los evangélicos en la Comunidad de Madrid; otro ejemplo: el asunto de Gescartera y la implicación de las finanzas de diversas congregaciones y diócesis en este chiringuito financiero. ¿Hasta qué punto se puede permitir que organizaciones subvencionadas por el Estado se embarquen en operaciones financieras de este tipo? La solución no es la de echar tierra sobre el asunto sino utilizarlo para replantear radicalmente la financiación eclesiástica y su fiscalidad.

Un ejemplo más reciente: la irrupción de religiones que como la musulmana son practicadas masivamente por la inmigración se utiliza no para garantizar y reforzar el laicismo estatal sino para reforzar el criptoconfesionalismo católico del Estado. En efecto, es curioso que personajes y periodistas destacados por su ultracatolicismo trasnochado exijan a los marroquíes un laicismo que no se aplican para ellos: “No se puede permitir que las niñas vayan con velo a las escuelas”, dicen estos intolerantes católicos argumentando que ello va contra los derechos de la mujer; estos que hoy claman en defensa de la laicidad, son los mismos que no hace mucho se oponían a la ley del divorcio o los que seguían las consignas antiabortistas de la Conferencia Episcopal y los que ahora apoyan decididamente la ampliación de los conciertos educativos con los colegios católicos.

Dicen que los extranjeros deben adaptarse a “nuestras costumbres” pero lo que hay en el fondo de estas encendidas opiniones es un cierto desprecio y superioridad respecto a los inmigrantes. El laicismo apuesta por la igualdad de derechos de los ciudadanos y combate la segregación social y económica y en este sentido se opone a las prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de las personas, pero si no existe un Estado laico y tampoco una escuela pública laica no existe autoridad moral para imponer prohibiciones sobre el uso de símbolos religiosos en la escuela. Además, el reto para la escuela pública en relación a la integración plena de los inmigrantes no es el del uso o no del velo sino el de la calidad, el de mayores recursos y desgraciadamente cada año los recursos están más comprometidos apoyando a los colegios católicos. No se es consciente que la verdadera segregación social y cultura se está produciendo ahora mismo entre los que van a la escuela pública y el resto.

Aunque es evidente que no vivimos en un Estado laico muchas voces claman ahora que a cuento de qué empieza a estar de moda la cuestión religiosa cuando ésta ya se había superado y el hecho religioso no es motivo de enfrentamiento en nuestra sociedad. Estos argumentos son los esgrimidos por los sectores políticos y sociales más inmovilistas y los que defienden el clericalismo; lo que se les puede decir es que si el hecho religioso no es motivo de conflicto es simple y llanamente porque la sociedad se ha secularizado, porque las iglesias están vacías, porque hoy se divorcian tantas personas como se casan, porque la mujer ha experimentado una liberación importante, porque los homosexuales no consienten en que los obispos les insulten, porque… añadan ustedes cuantos porqueses quieran y encontrarán muchas más razones. El conflicto y el desasosiego, sin embargo, empiezan a estar de actualidad porque no se entiende que a pesar de esta profunda secularización social todavía tengamos que mantener a una Iglesia oficial. De ahí deriva el desasosiego social, y el Estado y la sociedad política deberían ser conscientes de esta situación y dar un paso adelante a favor del laicismo. No pedimos ninguna segunda transición, solamente un pequeño cambio.

 

El pequeño cambio

Pero para ser más explícitos deberíamos explicar en qué consiste ese pequeño cambio que reclamamos. Ese pequeño cambio pasa, en primer lugar, porque las instituciones abandonen el catolicismo simbólico que profesan. Es una cuestión de símbolos pero no simbólica. Si existiera una voluntad política mínima de comenzar a cambiar las cosas, muchas cruces deberían ser retiradas. Ninguna autoridad pública debe asistir a procesiones o actos litúrgicos y tampoco el Rey. Las fuerzas de orden público, el ejército o cualquier otro organismo público no podrían desfilar en las procesiones religiosas y tampoco las dignidades eclesiásticas deberían ser autorizadas a dirigir o coparticipar en la presidencia de las celebraciones civiles. Las fórmulas de juramento confesional deberían ser suprimidas en la toma de despachos civiles. Los símbolos religiosos no deberían presidir aulas o dependencias públicas. Por supuesto que el pequeño cambio no puede quedarse en esto, pero necesariamente debe empezar por esto. El Rey no puede ofrecer España al Santiago Apóstol.

En segundo lugar, se debe dar un trato equivalente a todas las confesiones religiosas en España. Ese trato es el que marquen las leyes comunes y no leyes especiales de regulación del hecho religioso. La libertad religiosa no es mas que una prolongación de la libertad de conciencia, independientemente de que pueda tener una manifestación pública. Así pues nuestra legislación debería ponerse al día suprimiéndose los Acuerdos y Concordatos existentes con las diferentes confesiones religiosas. Si ello requiere de un cambio constitucional se debería emprender esa reforma. Sin duda que existe un déficit de laicidad en la Constitución del 78, ya que en ésta no se encuentra una declaración expresa de laicidad del Estado, por el contrario, se obliga al Estado al mantenimiento de relaciones especiales con la Iglesia Católica.

En tercer lugar, se debe acabar con la financiación por parte del Estado del clero y la Conferencia Episcopal. En el Estado Español, a parte de las vías de financiación diferidas a la Iglesia Católica, existe una financiación directa presupuestaria al sostenimiento de la Iglesia Católica que, por lo demás, cada año se incrementa. Mas allá que el propio sistema de financiación que establecía el Acuerdo con la Santa Sede ha sido vulnerado —según esos Acuerdos la iglesia debería estar en la actualidad en la fase de “autofinanciación”— se requiere una ruptura radical cerrando el grifo de esa financiación directa. En esto no deberían existir posturas intermedias o de transición: simplemente se requiere la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede. Los proyectos que se están barajando de financiar a otras religiones minoritarias, en aras de garantizar un trato igualitario, deben ser rechazados ya que supondrían dar una mayor legitimación a la financiación del clero católico.

En cuarto lugar, se debería proceder a terminar con los privilegios para la obtención de financiación por parte de las organizaciones eclesiásticas. En efecto, determinadas áreas de la asistencia social están casi monopolizadas por las organizaciones eclesiásticas. Piénsese que una parte importantísima de la asistencia hospitalaria, asistencia a ancianos, a sectores excluidos socialmente o actividades de cooperación al desarrollo las realiza la Iglesia Católica por medio de una financiación subvencionada por diversas Administraciones Públicas. No cabe hablar de un sistema público de acción social cuando existe tal cantidad de centros de asistencia social regidos por las organizaciones eclesiásticas, ello indica un deterioro muy serio del denominado “Estado Social”. El Estado debería asumir directamente la asistencia social y en cualquier caso no es tolerable el trato privilegiado que las organizaciones eclesiásticas mantienen en relación a las organizaciones no gubernamentales no religiosas; cuando, en alguna ocasión, se ha intentado reducir la financiación pública a los proyectos sociales realizados por las organizaciones eclesiásticas en favor de los proyectos sociales de las ONG entonces las presiones han sido fortísimas venciendo a la voluntad política. Es decir, no se debe dejar la asistencia social subvencionada en manos de las instituciones religiosas.

En quinto lugar y quizás como punto central, se requiere un cambio total del sistema educativo. Desde luego que un cambio en el sistema educativo no es asunto sencillo y requiere de medidas que se impulsen progresivamente. Ninguna Ley de Calidad de la Enseñanza —por si sola— va a resolver el problema de la calidad educativa. Pensamos que en el Estado Español existe, antes que nada, un problema de debilidad del sistema educativo público. El origen de esta debilidad no está en las sucesivas políticas coyunturales, sino más bien en el modelo educativo que se ha ido desarrollando, cuyo origen contenía el germen de esta ruina. Es un modelo educativo dual —entre escuela pública y privada subvencionada— pero con hegemonía efectiva de la educación católica, tanto en la enseñanza privada como en la pública.

En efecto, el modelo educativo español se fundamenta en la coexistencia de una red de colegios públicos y de colegios privados, en su gran mayoría católicos, sostenidos económicamente por el Estado. Ello se justifica en base a la libertad de creación de centros docentes y a la libertad de elección de los padres, garantizada por los poderes públicos mediante los denominados “conciertos educativos”.

Parece un dislate que la enseñanza obligatoria, primaria y secundaria, pueda estar segregada en función de una elección de los padres basada en su libertad religiosa o de creencias. Si no se pone ningún límite a la concertación con los colegios privados —en su gran mayoría católicos—, no hay solución para la crisis actual.

Sólo una congelación de los conciertos, una revisión de los actuales y un plan de supresión gradual de los mismos con la reversión de muchos de estos colegios a la red pública supondría realmente el inicio de un cambio. El reto que hoy debe afrontar la educación pública no es sólo el de la calidad, sino también el de su mera subsistencia, cuando los recursos materiales se derivan hacia la enseñanza privada. Aproximadamente el 36% de los alumnos de educación obligatoria están escolarizados en centros privados, y la tendencia apunta al incremento de dicho porcentaje, relegando los centros públicos a la atención casi exclusiva de los sectores socialmente marginados. La educación, igual en calidad para todos, es un derecho fundamental que no puede ser eludido por el Estado en atención a intereses particulares.

La financiación pública de la enseñanza privada debe limitarse, por lo tanto, a ser un recurso subsidiario, dirigido a apoyar ciertas expresiones de renovación pedagógica u otras circunstancias bien tasadas con formas jurídicas de economía social —cooperativas educativas—, y en todo caso su ratio no debería sobrepasar el 10% de la población escolarizada.

Así pues, la tarea de reversión es ingente. Primero habría que tomar medidas políticas audaces: moratoria en los conciertos por 20 ó 30 años, junto a un plan de supresión de muchos de los existentes, y ello acompañado de una reforma legislativa que permita su puesta en práctica de manera eficaz. En segundo lugar, se requiere un plan central coordinado de mejora de la calidad en la educación pública.

Desde la promulgación en 1970 de la Ley General de Educación hasta la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990, la evolución del sistema ha sido expansiva en sus magnitudes básicas: número de centros y unidades escolares, número de alumnos matriculados, tasas de escolarización más elevadas e incremento permanente de los presupuestos y recursos financieros. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que, pese a todos los avances, las deficiencias del sistema español son aún muy marcadas si se compara con otros sistemas educativos de la OCDE.

El desafío de la escuela española, a medio plazo, además de poner fin a la hegemonía religiosa, es avanzar en calidad a todos los niveles (programas contra el fracaso escolar, nuevo desarrollo curricular, formación permanente del profesorado, adaptación a las nuevas tecnologías…) e instaurar la laicidad como principio fundamental del sistema y de su normativa concreta. Pero, a corto plazo, es evitar una segregación social educativa en la enseñanza obligatoria. Mientras no exista una escuela pública laica que tenga como meta la educación en igualdad no existirá un Estado laico.

En sexto lugar, es importante que el Estado garantice los derechos fundamentales en el ámbito interno de las organizaciones sean éstas religiosas o no. No es admisible en un Estado laico que las organizaciones privadas violen los derechos fundamentales —que son reconocidos por la legislación civil— de las personas alegando derechos de cualquier otro tipo. No es admisible que las organizaciones religiosas, por ejemplo la Iglesia Católica, imponga a sus miembros, de forma coactiva, la represión sexual individual o un voto de obediencia que coaccione derechos fundamentales de la propia persona o de los demás o que se discrimine por razones de sexo o que se discrimine a los homosexuales y lesbianas. Todas estas cosas, en un Estado laico, no deberían ser toleradas. Tampoco puede ser tolerada por el Estado la existencia de organizaciones que, alegando la libertad religiosa, tengan como exclusivo fin la ganancia de dinero explotando económicamente a sus miembros o realizando prácticas organizadas, incluso a escala internacional, de defraudaciones y estafas. Todos estos tipos de fenómenos deberán ser perseguidos por el Estado laico, sin embargo en España estas prácticas son más que toleradas.

Finalmente, el Estado debe combatir los fenómenos de la expansión del irracionalismo y las supersticiones, realizando una labor de educación crítica de los ciudadanos.

Estos son algunos cambios que se deberían abordar si, de verdad, queremos tener un Estado laico y vivir en un país laico.

© Reproducido con autorización de la asociación Europa Laica, www.europalaica.com/.


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